A fines del año 1997 el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle presentó a las empresas el desafío de fomentar en el país una política nacional de producción limpia, sólo las grandes internacionales o aquellas filiales o pertenecientes a grandes holdings conocían por experiencia propia su significado. El resto, observó con escepticismo y respondió con quejas por los costos que involucraría la introducción del concepto en el proceso productivo, traducidos en inversiones de capital y tecnología que, según entendían, implicaría una reingeniería de procesos y de gestión.
Desde entonces, la política de gobierno ha sido poner a disposición de los sectores productivos instrumentos de fomento (APL y FDI) para la implementación de producción más limpia, por considerársela una estrategia productiva con múltiples beneficios para las empresas, principalmente para aquellas que no están en condiciones de efectuar grandes inversiones para su mejoramiento ambiental.
Política Nacional de Producción Limpia
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